Las devastadoras inundaciones que han afectado a la Comunidad Valenciana y otras autonomías tendrán efectos negativos en la economía y las finanzas de estas zonas, y la recuperación será «larga y costosa», como advirtió este viernes la agencia de calificación Moody’s. A pesar de la ayuda gubernamental para la recuperación, la magnitud de los daños a la infraestructura y las empresas en estas regiones amenaza con socavar aún más su estabilidad fiscal, particularmente en el caso de la Generalitat. En consecuencia, los analistas consideran que, dada la magnitud de los daños causados por las inundaciones y el impacto económico que se avecina, Hacienda debería condonar la liquidación negativa que se supone tendrá el territorio por el impacto de la catástrofe en la recaudación tributaria.
Con 75 municipios gravemente afectados por el dana, la Comunidad Valenciana se ha convertido en el epicentro de una tragedia cuya magnitud amenaza con empeorar su ya frágil situación fiscal. Las inundaciones no sólo han destruido infraestructuras clave y provocado la pérdida de miles de puestos de trabajo, sino que también han dejado un impacto duradero en las finanzas públicas. Según un informe publicado este viernes por la agencia de calificación Moody’s, la destrucción ha sido de tal magnitud que, pese a las ayudas financieras anunciadas por el Gobierno central, el proceso de recuperación será largo y costoso. Casi 4.500 empresas se han visto directamente afectadas por las inundaciones en Valencia, muchas de ellas con serias perspectivas de cierre permanente. En el sector agrícola, la situación es aún más crítica, ya que unas 53.000 hectáreas de tierras cultivadas han quedado inutilizables, con pérdidas de cosechas que superan los 150 millones de euros.
Lo que hace aún más preocupante esta situación es que antes de la catástrofe, la Generalitat ya tenía la deuda pública más alta de todas las comunidades autónomas: el 42% de su producto interior bruto (PIB), según Fedea. Esto supone el doble de la media del resto de autonomías, que es del 22%. A esto se suma una tasa de deuda operativa que se acercaba al 319% a finales de 2023, lo que la sitúa en una posición extremadamente vulnerable ante cualquier shock económico, según Moody’s. La agencia ha advertido que, tras las inundaciones, se espera una mayor presión sobre las finanzas de la región, ya que las autoridades locales se verán obligadas a aumentar el gasto en servicios públicos esenciales, como la salud, la educación y la asistencia social, mientras que sus ingresos fiscales caerán bruscamente. debido a la desaceleración económica provocada por los daños.
Pese a las medidas de apoyo desplegadas por el Ejecutivo, como el paquete de ayudas de 10.600 millones de euros que incluye garantías para las pequeñas y medianas empresas y exenciones fiscales, la capacidad de la Comunitat Valenciana para hacer frente a la magnitud de los daños es limitada. Moody’s cree que, a medida que la economía regional se desacelere y los ingresos fiscales disminuyan, las autoridades locales se verán obligadas a recurrir al Fondo Autónomo de Liquidez (FLA) -como ha ocurrido en el pasado- para hacer frente a los pagos de deudas y facturas con sus proveedores. En cualquier caso, se ha reiterado el uso de este mecanismo por parte de la Generalitat, lo que según los analistas refleja los problemas que afronta en materia fiscal. El documento precisa que “Valencia ha solicitado el uso de este mecanismo de liquidez de manera consistente desde su creación. A finales de 2023, tenía casi 50.000 millones de euros de deuda pendiente con la FLA, lo que representa el 87% de su deuda directa total. Esta fuente de financiamiento mitiga los riesgos de refinanciamiento de la región y limita sus costos de intereses”.
Por otro lado, la capacidad de las comunidades autónomas afectadas para asumir nuevos compromisos financieros es limitada. La necesidad de implementar planes de recuperación que incluyan inversiones en infraestructura esencial, como carreteras, ferrocarriles y recursos hídricos, podría generar aún más tensiones fiscales en el futuro. En este escenario, el proceso de reconstrucción en la región dependerá de la cooperación entre ambos niveles de gobierno -central y regional- para el financiamiento de inversiones esenciales en la infraestructura que debe ser restaurada, así como la garantía de que los fondos serán repartido. eficientemente.
Para tener otra fuente de fondos, el Ejecutivo ha pedido a la Comisión Europea ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y se ha pedido al Consejo y al Parlamento Europeo que aprueben urgentemente un nuevo reglamento que permitirá canalizar más recursos para superar la crisis efectos negativos causados por dana.
