Tres partidos de derechas distintos e incluso opuestos (PP, Vox y Junts) ejercieron este miércoles la fuerza parlamentaria para tumbar un decreto que contenía múltiples ayudas sociales. Así, quedan sin aplicarse la revalorización de las pensiones, las subvenciones a los usuarios del transporte público -en su mayoría jóvenes- y las transferencias a los afectados por la erupción del volcán de La Palma o a las entidades y empresas públicas afectadas por los recientes daños.
El revés es múltiple y conmociona hoy a millones de ciudadanos. El grupo principal lo forman los 12 millones de pensionistas. Entre ellos, los casi seis millones y medio que dejarán de recibir los 43 euros adicionales cada mes previstos para compensar la inflación del 2,8%. O los beneficiarios del ingreso mínimo vital, para quienes se aumentó dicho beneficio en un 9%. Se trata, por tanto, de cantidades nada despreciables destinadas a mejorar la situación de los más vulnerables, que también ya disponían de estos recursos.
Existe, por tanto, un hilo conductor entre los destinatarios del decreto rechazado ayer. Por ello, aunque se le haya aplicado el adjetivo “ómnibus”, en rigor no lo es: estaba dirigido sobre todo a paliar situaciones de gran debilidad. Por eso tenía sentido agruparlos. La norma rechazada incluía otras cuestiones más allá de la urgencia social, como los pagos a cuenta a las comunidades autónomas, la bonificación del 80% del peaje eléctrico para las industrias electrointensivas o las deducciones fiscales para los vehículos eléctricos. Ninguno se desvió del consenso económico que realmente existía en la cámara.
El caso de la devolución del edificio histórico que fue adquirido por el PNV en París en los años 30 y luego requisado por la Gestapo, con la colaboración de la policía franquista, durante la ocupación, no es idéntico. Un retorno prometido por el Gobierno de Rajoy y aprovechado ahora por el Ejecutivo progresista en el marco de sus negociaciones con el PNV. Al ponerlo en el mismo decreto, el Gobierno ofreció una excusa a la oposición, cuyo único objetivo es desgastar al Ejecutivo. Una oposición que, en cualquier caso, tendrá que explicar qué se opone a la devolución de los bienes incautados ilegalmente por el franquismo.
Es previsible que, antes de que este juego perverso cargue a los ciudadanos con el coste de los intereses partidistas, se recorten las distintas normas para aprobarlas mediante mayorías cambiantes. Se podría haber hecho antes y el Gobierno se habría ahorrado una derrota que demuestra una vez más su debilidad parlamentaria. O no, porque la hoja de ruta de Junts empieza a ser incomprensible. ¿En contra de qué has votado exactamente? ¿Contra la revalorización de las pensiones, el alivio a los afectados por la dana o la devolución del patrimonio histórico a sus antiguos aliados vascos?
Las mismas preguntas se podrían hacer al PP, que ha perdido una oportunidad inmejorable de presentarse ante los españoles como un grupo que antepone la resolución de problemas y el alivio de sectores necesitados de políticas públicas al desgaste del Gobierno. . Nadie gana en este partido, lo que siembra preocupación entre los beneficiarios de las medidas incluidas en el decreto. Todo es parlamentariamente legítimo, pero revela vocación de gallina voladora si tenemos en cuenta los acuciantes problemas geopolíticos que afrontan España y toda la UE. Y, dicho sea de paso, se ciernen de manera más amenazadora sobre los más débiles.