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Un alcalde ha sido asesinado a tiros este viernes en Ecuador, el segundo en tres días, en otro atentado que se produce bajo el «estado de guerra» que desde principios de 2024 el presidente, Daniel Noboa, declaró a nivel nacional contra las bandas de el crimen organizado.
La nueva víctima es el alcalde del cantón (municipio) de Portovelo, Jorge Maldonado, perteneciente a la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, cuyo fallecimiento ha sido confirmado por la Asociación de Municipios del Ecuador (AME) en un comunicado.
El asesinato de Maldonado se produjo menos de 48 horas después del crimen perpetrado contra José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la provincia andina del Azuay.
Ambos municipios—Portovelo y Camilo Ponce—tienen en común que en sus territorios existen presencia de actividades mineras ilegalesademás de encontrarse en zonas de tránsito hacia la costa ecuatoriana, que constituyen el principal eje del narcotráfico que realizan las bandas criminales que operan en el Ecuador.
Referéndum sobre cuestiones de seguridad
Hace menos de un mes también apareció La alcaldesa más joven de Ecuador, Brigitte García, asesinada en un vehículo junto a su coordinadora de Comunicaciónquien a sus 26 años estaba a cargo del cantón San Vicente, en la provincia costera de Manabí.
Asimismo, a principios de En febrero es asesinada Diana Carnero, concejala del cantón Naranjalperteneciente a la provincia costera del Guayas, a pocos kilómetros de Camilo Ponce Enríquez.
Los asesinatos de Sánchez y Maldonado se han producido también en una semana crucial para el Gobierno de Noboa, que para este domingo convocó un referéndum para sacar adelante una serie de reformas en materia de seguridad, justicia y empleo.
Las cuestiones de seguridad ocupan la mayoría de las once cuestiones que componen este plebiscito, con el objetivo de Dar más herramientas a las autoridades para combatir el crimen organizado..
Entre estas cuestiones, la propuesta de que el Fuerzas Armadas apoyan permanentemente a la Policía en operativos contra el crimen organizado, sin necesidad de emitir constantemente estados de excepción para que puedan cumplir ese propósito.
Asimismo, plantea aumentar las penas para delitos relacionados con el crimen organizadoentre ellos la minería ilegal, y que los condenados por algunos de estos delitos no tengan la posibilidad de recibir beneficios penitenciarios, para que cumplan íntegramente su pena en prisión.
Con estas medidas, el Gobierno de Noboa quiere poner freno a la creciente ola de violencia criminal que ha azotado al país en los últimos años y que ha llevado a Ecuador a estar entre los primero en América Latina en homicidios, con una tasa de 45 por 100.000 habitantes en 2023.