La marea blanca ha vuelto a tomar hoy las calles del centro de Madrid para defender la sanidad pública madrileña, denunciar «privatizaciones» y «recortes» y pedir «más recursos y financiación para los servicios públicos». La 98ª manifestación de este movimiento arrancó a las 12 horas en la plaza Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía. Si bien fue convocado con la misma intensidad que los anteriores por el Comité de Defensa de la Salud Pública de Madrid (MEDSAP) –Marea Blanca, integrado por entidades sociales, profesionales de la salud y la ciencia, organizaciones sindicales y vecinales, plataformas profesionales de la salud y asociaciones de usuarios– y que cuenta con el apoyo de los partidos de oposición madrileños PSOE, Más Madrid, Podemos e IU– el resultado fue un fracaso.
Sólo 150 personas la secundaron, según datos de la Delegación del Gobierno de Madrid, lo que supone una diferencia abismal respecto a la del 13 de enero, que reunió a unas 30.000 personas. Algo comprensible si se tiene en cuenta que el motivo de las protestas se ha ido desinflando, sobre todo después de que, el pasado jueves, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso resolviera el conflicto con los médicos de familia y los pediatras de atención primaria de la región tras cuatro meses de huelga.
El acuerdo alcanzado incluye aspectos esenciales como que todos los médicos de Atención Primaria -médicos de familia y pediatras- recibirán un complemento fijo de 450 euros al mes. A ello, los médicos que solo trabajen por las tardes en los centros de salud sumarán una bonificación adicional de otros 500 euros al mes. Este suplemento será de 300 euros para quienes trabajen 3 o 4 tardes a la semana.
Por otro lado, también se ha resuelto el tema de la saturación de las agendas de estos profesionales.
El acuerdo también ha dado lugar a un nuevo sistema de limitación de horarios que garantiza que el médico de familia podrá dedicar 10 minutos a cada paciente. Los pediatras, por su parte, podrán dedicar 15 minutos por niño. El tiempo máximo de estas agendas se ampliará a 300 minutos, por lo que los médicos de familia atenderán un máximo de 30 pacientes al día, a los que se podrán sumar otras cuatro urgencias. En el caso de los pediatras, la agenda completa incluirá un total de 20 pacientes y 4 urgencias.
Sin embargo, la Asociación para la Defensa de la Salud Pública (ADSP) de Madrid ha considerado que el convenio entre el Ministerio de Sanidad y el sindicato médico Amyts ha tenido un carácter «retributivo» y que no contempla un aumento de plantilla, lo que supone algunos «resultados pobres para un conflicto tan largo».
De vuelta con la privatización
Los convocantes de la manifestación de ayer se mantienen en su denuncia de que «el modelo público-privado de gestión sanitaria por el que ha apostado la Comunidad de Madrid» es otra nueva hebra de la gran nuez neoliberal que lo justifica todo para mantener una economía de élites. «Élites» a las que se acusa de «mercantilistas que alimentan las arcas de la especulación privada, incluidos los fondos buitres, con el dinero de nuestros impuestos», decían esta mañana los organizadores.
Poco importan los hechos ante los intereses de un movimiento que parece más dedicado a atacar al Ejecutivo madrileño a pocas semanas de las elecciones que a defender la salud pública en una región que puede presumir de algunos excelentes parámetros de atención médica, según el último informe del Ministerio de Sanidad sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.
y es que La Comunidad de Madrid se encuentra entre las tres regiones en las que los pacientes tienen que esperar menos tiempo para ser operados: 65 días. Solo Melilla, con 39 días, y País Vasco, con 64, presentan mejores datos. Lo mismo ocurre con la espera de atención especializada. Un paciente de la Comunidad de Madrid es atendido por un especialista, de media, a los 51 días, frente a los 95 días de Aragón o los 101 de Canarias.
Pero las mareas no van a disminuir, al menos en el corto plazo. De hecho, han convocado otra protesta en Madrid para el próximo domingo 26 de marzo y otra en las capitales de provincia de Andalucía, región gobernada por el PP, para el sábado 25.