EAJ PNV y Junts han confirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados su rechazo a la prórroga del impuesto a las empresas energéticas. Los socios de derecha nacionalista del Gobierno de coalición se suman al PP, Vox y UPN contra la prórroga del impuesto sobre los beneficios de Repsol, Cepsa o Naturgy, que supone que a las ‘arcas públicas’ dejarán de ingresar cerca de 1.000 millones.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en la Cámara Baja que la prórroga del impuesto a las grandes energéticas es «un compromiso político». Aunque ha admitido que «la realidad del arco parlamentario de esta legislatura es compleja», y ha advertido de que «hay posiciones políticas en cuanto a intereses», en este caso, los de las grandes empresas.
“Cada uno tendrá que responder de su voto, pero no hay justificación para que el interés partidista prevalezca sobre el interés de la mayoría”, enfatizó María Jesús Montero. “La fiscalidad tiene detrás el modelo de sociedad al que aspira cada grupo. La nuestra es que quienes más ganan tienen que contribuir al mantenimiento del sistema social”, subrayó.
Los impuestos son la principal palanca que tiene el Estado para redistribuir los beneficios históricos que sectores oligopólicos como la banca o la energía han conseguido en los últimos años. Ambos han aprovechado sus posiciones dominantes en la crisis inflacionaria para aumentar sus márgenes y aumentar sus ganancias. También se han aprovechado de ayudas públicas como el descuento de 20 céntimos en combustible, rebajas de impuestos o subidas de tipos de interés del BCE. Con la intención de gravar estos beneficios “extraordinarios”, el gobierno de coalición diseñó impuestos temporales a estas empresas en 2022.
Las dos cifras se ampliaron hasta finales de 2024. El impuesto bancario, que recaudó 1.500 millones el año pasado, durante tres años más, dentro de una Ley que fue aprobada por el Congreso y que incluía el grueso de la «reforma fiscal» a la que el Ejecutivo se había comprometido. Por otro lado, los socios derechistas del Gobierno, PNV y Junts, se alinearon con los intereses de Repsol, Iberdrola, Cepsa, Naturgy o Endesa y sacaron de la reforma fiscal el impuesto a las empresas energéticas. Este impuesto recaudó algo menos que el impuesto bancario en 2024, unos 1.000 millones.
En el último Consejo de Ministros de 2024, el Gobierno lo amplió mediante un real decreto-ley para cumplir con sus socios de izquierda, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Una prórroga ‘in extremis’ a la que PNV y Junts mantuvieron su oposición. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, llegó a calificar este decreto de “purito paripé”.
Este impuesto introdujo una novedad respecto al diseño de 2022: “Una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y la descarbonización, que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y al empleo, ya sean realizadas en activos fijos o tecnológicos. dedicados a proyectos industriales. Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable hasta la transformación de residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás”, según Hacienda.
“Beneficios obscenos”
Esta “adaptación”, como la ha calificado el ministro de Hacienda, no ha sido suficiente para convencer a la derecha. “Las grandes empresas energéticas llevan años ganando dinero con las familias”, lamentó la portavoz de Podemos, Ione Belarra. “Los beneficios de las empresas se han disparado durante la crisis inflacionaria. Beneficios extraordinarios, dicen. Digo beneficios obscenos”, remarcó José Manuel Lago Peñas, parlamentario de Sumar.
“Beneficios récord para las empresas energéticas y pérdidas inasumibles para los trabajadores de nuestro país. Esta desigualdad es pura violencia económica”, afirmó Ione Belarra. «Este Gobierno se comprometió con Podemos de que habría impuesto un impuesto a las empresas energéticas, pero la traición no es sólo contra nosotros, es contra todos los que les votaron», afirmó. «Nuestro partido no se va a conformar con negociar los Presupuestos hasta que haya impuesto un impuesto a las empresas energéticas», amenazó.
«Señora Belarra, yo sabía perfectamente que este impuesto no iba a salir adelante», comentó Idoia Sagastizabal, parlamentaria de EAJ PNV. «Pero necesitas una historia», continuó. Por otro lado, cambiando de interlocutor a EH Bildu, ha apuntado que «no podemos apoyar estas cifras que no se pueden pactar (en el régimen exterior vasco)».
Lo cierto es que el real decreto-ley señala que «el Gobierno revisará la configuración del impuesto temporal sobre la energía para su integración en el sistema tributario en el ejercicio fiscal 2025, que será concertado o acordado, respectivamente, con la Comunidad Autónoma de del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra”. Oskar Matute, de EH Bildu, respondió que “no hacemos políticas al servicio del consejero delegado de Repsol, sabemos bien a quién representamos. el PNV arriba los intereses del país, para EH Bildu el país está por encima de él y luego el partido”.