La semana pasada Podemos consultó a sus bases si apoyaban o no los presupuestos generales del Estado del Gobierno de coalición. La mayoría de los miembros del partido de Ione Belarra han apoyado que el partido condicione el apoyo al PGE a romper con Israel y a bajar los alquileres en un 40% por ley.
Específicamente, El 89% del total (34.417 personas) de las 38.324 inscritas Los que participaron en la consulta lanzada por el partido, que comenzó el martes y concluyó ayer a medianoche, se mostraron partidarios de vincular el voto favorable del partido a estas condiciones.
Por otro lado, 811 militantes han votado en blanco y sólo 3.096 inscritos, el 8% del total, se han mostrado en contra, según han informado este lunes en rueda de prensa los coportavoces morados Pablo Fernández y María Teresa Pérez.
De esta forma, Podemos presionará al Ejecutivo de cara a la negociación presupuestaria para que asuma sus postulados, destacando que será firme en estas exigencias, dado que no se considera socio parlamentario del PSOE y que sus votos son «decisivos». «Para obtener las cuentas públicas. .
La secretaria general del partido, Ione Belarra, ya ha afirmado que lo mínimo que se podría exigir al Gobierno, al que acusa de haber desplegado un «giro a la derecha», es romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, en el frente al pueblo frente a su «genocidio». Palestina, y proceder a un embargo efectivo a la venta de armas e impedir que España sea país de tránsito de material militar con destino al país hebreo.
En materia de vivienda, Podemos pide aplicar el descuento del 40% a cualquier contrato que haya que renovar o ampliar y que, en el caso de pisos nuevos que salgan al mercado, el coste del alquiler tendrá que ser superior al 60% del precio. precio fijado en el sistema estatal de referencia de precios de alquiler. Una medida que se aplicaría en municipios de más de 200.000 habitantes o en localidades de menor población que hayan experimentado un incremento de los alquileres del 35%.
A su vez, Podemos pide limitar la compraventa de viviendas que no sean de uso residencial, que quienes adquieran un inmueble deban acreditar ese fin hasta con familiares de consanguinidad en segundo grado durante al menos cuatro años y, a partir de entonces, poner está en alquiler.