Policías, docentes, funcionarios de la Agencia Tributaria, inspectores de educación, altos cargos y el sindicato general USO se manifestarán hoy a las 14.00 horas frente a la sede de Muface para pedir una solución a la actual parálisis del acuerdo de salud pública, que al De momento está pendiente de renovación para el periodo 2025-2027.
En este momento la única empresa que muestra interés en presentarse al concurso es Asisa, después de que Adeslas y DKV se retiraran del mismo al considerar que el incremento de 33,5% respecto al contrato anterior propuesto por el Gobierno era insuficiente. Asisa, por su parte, tiene hasta el 27 de enero para confirmar al Ministerio de Función Pública si está de acuerdo con la nueva oferta.
Y mientras esto sucede, El millón y medio de beneficiarios del sistema siguen sumidos en la incertidumbrey las manifestaciones no dejan de sucederse. A la reunión de hoy participan ANPE (sindicato de docentes), SIAT (personal de la Agencia Tributaria), SPP, SUP y UFP (policía), USIE (inspección educativa), Fedeca (altos funcionarios) y USO, Sindicato Sindical de Trabajadores. Son algunos de los que ya se manifestaron el 11 de diciembre. Como entonces, hoy no participa Csif, el sindicato mayoritario de profesionales de los servicios públicos, que tiene su propio calendario de movilizaciones.
En un comunicado conjunto, los organizadores denuncian «la incompetencia de los políticos y la falta de ética de las aseguradoras», además de la «mala gestión y total falta de previsión«, dicen, que» sumado al proyecto encabezado por el Ministro de Sanidad para hacer desaparecer las mutuas, nos han llevado al punto en el que estamos ahora: un abandono de pacientes, algunos de ellos en tratamiento, llevándonos a todos a una dramática situación de incertidumbre.»
Es decir, los sindicatos apuntan a todos. Al Gobierno, a las empresas y a La ministra de Salud, Mónica García, quien en las últimas semanas ha insistido en la posibilidad de que el sistema público asuma la cobertura del millón y medio de beneficiarios de Muface. Hay que recordar que en noviembre su departamento filtró un documento en el que proponía la transferencia a las comunidades autónomas -porque se transfirió la asistencia sanitaria- de los 2.681 millones de euros que el Estado destina a este concierto. Posteriormente, el 13 de enero, la ministra arremetió contra las aseguradoras asegurando que «están haciendo cuentas y han decidido que los asegurados no son rentables porque han envejecido», y el lunes volvió a sumar su voz a la polémica al insistiendo en que los brazos de la salud pública «están abiertos» para recibir a los funcionarios.
El problema es que los interesados no quieren esa solución, como ha afirmado Csif en repetidas ocasiones y en esa línea está el comunicado de los sindicatos presentes en la manifestación de hoy, en el que recuerdan que el traspaso tendría un «fuerte impacto»especialmente en las comunidades autónomas que ya viven un colapso y que no pudieron soportar esta nueva situación.