Una treintena de asociaciones han convocado marchas en bicicleta para denunciar las «reformas negativas»
Cientos de activistas, convocados por una treintena de asociacioneshan salido a las calles de varias ciudades españolas para protestar por el «retroceso» de la movilidad sostenible registrado en los últimos meses y promovido por gobiernos locales de todo el espectro político (aunque principalmente por ayuntamientos con partidos o coaliciones de derechas).
Bilbao, Barcelona, Badalona, Madrid, Valladolid, Valencia, Logroño, Gijón, Málaga, Murcia, Palma, Castellón, Elche o Coslada Son algunas de las ciudades designadas como «puntos negros», visitadas a lo largo del domingo con «fiestas de la bicicleta» sobre dos ruedas o concentraciones como la celebrada en la madrileña plaza de Cibeles, bajo el lema «Ni un paso atrás».
«Expresamos nuestra preocupación por el retroceso que se está produciendo en el Estado español a raíz de la constitución de los ayuntamientos tras las elecciones de mayo de 2023», se puede leer en el manifiesto de movilidad, firmado por grupos como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, WWF, Pedallibre, Respira Madrid, A Pie o Madres por el Clima.
Los manifestantes leen una larga lista de «reformas negativas» en las ciudades, como el desmantelamiento de los carriles bici, la eliminación de las restricciones de circulación ganadas durante el Covid, la retirada de bolardos y elementos de protección de las zonas escolares y la desaceleración o reducción al mínimo de las zonas de bajas emisiones (ZBE).
«Las autoridades municipales deben tener como máxima prioridad la protección de la salud de la población», sostienen los firmantes del manifiesto, que instan a los ciudadanos a movilizarse para «evitar que las ciudades vuelvan a ser colonizadas por los coches y pierdan las tímidas mejoras logradas».
Las asociaciones ecologistas exigen a los ayuntamientos que reconsideren su actuación y piden al Gobierno central que haga cumplir la Ley de Cambio Climático y exigir la asignación de fondos europeos a la movilidad sostenible. La propia vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera ha manifestado recientemente su preocupación por «los retrocesos que se están produciendo en algunas ciudades».
Un total de 151 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes (o más de 20.000 con mala calidad del aire) están obligado a implementar zonas de bajas emisiones a partir de 2023. Sin embargo, todavía están en trámite un largo centenar de ellos (la mayoría gobernados por PP y Vox, pero también por el PSOE y por partidos nacionalistas o locales). En 28 territorios, en su mayoría islas, la tramitación ni siquiera ha comenzado.
«El Estado español no puede convertirse en una excepción a nivel europeo dando marcha atrás en las propuestas de movilidad baja en emisiones y en un contexto de emergencia climática y crisis energética», subrayan las asociaciones convocantes.
Se estima que la contaminación contribuye a 400.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea. Según una reciente investigación de The Gaurdian, el 98% de los europeos vive en zonas que superan los límites de dióxido de nitrógeno y partículas contaminantes recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMM). En España, el 49% de la población vive en zonas que duplican el máximo recomendado.
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