El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena dio este martes un plazo de cinco días a las partes para informar sobre la ley de amnistía tras su publicación en el BOE e informa a la Policía de que la orden nacional de detención contra el expresident Carles Puigdemont sigue activa.
«No conduciría a un limbo jurídico, sino a un laberinto con una larga salida porque hay una serie de problemas jurídicos que se van a resolver en cascada a la vista de los precedentes que ha sentado el Tribunal Supremo», explicó Joaquim Bosch.
Lo primero que habrá que hacer es decidir después de que hablen las partes si los supuestos de los casos vinculados al ‘procés’ encajan o no en la ley de amnistía. El magistrado ha aseverado que hay fundamentalmente dos problemas: si el terrorismo y la malversación que se han graduado entran dentro o fuera y, por otro lado, Si entrara el Tribunal Constitucional, la propia institución podría valorar si la ley es constitucional.
«Si esto ocurriera, la situación se complicaría aún más. Aunque esto no quiere decir que no haya salida o que quede en el limbo.pero la resolución podría demorarse», aclaró el juez.
En el caso de que el juez Llarena levante la orden de detención contra Carles Puigdemont y algún tribunal dictamine que la malversación no puede ser amnistiada, Bosch ha explicado que lo que pasaría es que en principio «No afectaría a la medida contra Puigdemont».
«Si Llarena, como juez de instrucción del caso, levanta las medidas cautelares del actual auto de internamiento, Puigdemont tendrá vía libre para venir a España sin perjuicio de lo que hagan otros tribunales«, señaló.