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San Chin Choon no vendrá a España a declarar, pero propone videoconferencia

Madrid, 22 sep (EFE).- El empresario malasio San Chin Choon ha enviado un escrito al juez del caso de las mascarillas en el que explica que le es imposible viajar a España para declarar, como pidió el magistrado, pero se ofrece a hacerlo mediante videoconferencia desde la Embajada en España en Kuala Lumpur, algo ya rechazado por el magistrado.

En un escrito recibido recientemente en el juzgado, la persona que dice ser San Chin Choon, el empresario que vendió material sanitario a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, detalla que su intervención sería en chino y expone que entiende que en la citada habrá embajada «algún sistema de videoconferencia que se pueda conectar con un juzgado español, que seguro que también tiene sistema de videoconferencia».

El escrito reitera que él ya respondió a las preguntas que se le envió desde España ante las autoridades de Malasia, pero no entiende «por qué el Gobierno de Malasia no envió mis respuestas a España», y se ofrece a declarar ante el juez.

Pero detalla que por motivos laborales le es «imposible» viajar a España y se ofrece a acudir a la Embajada española en Kuala Lumpur los días 21 ó 28 de octubre, a las diez de la mañana hora española, para hacer una videoconferencia, ya que más tarde sería inviable por la diferencia horaria.

Responde así el empresario a la providencia dictada por el juez Adolfo Carretero recientemente, en la que no da «ningún valor probatorio» a los supuestos correos del empresario malasio San Chin Choon, en los que defendía a los comisionistas investigados por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid, y le emplaza a que viaje a España para declarar en el juzgado.

En este escrito, el magistrado dejó claro que no va a volver a cursar ninguna comisión rogatoria más a Malasia ni va a practicar ninguna por videoconferencia.

Lo hace porque los correos que supuestamente remitió en verano, en los que certificaba que los investigados, Alberto Luceño y Luis Medina, eran agentes exclusivos de su empresa, Leno, y que la operación realizada con ellos fue correcta no tienen «ningún valor probatorio» si no los ratifica ante el juez, «respondiendo a todas las preguntas que le hagan las partes sobre los mismos y demás cuestiones de interés para la causa».

Por ello insta «al que dice ser San Chin Choon para que señale en caso afirmativo las fechas en que puede compararcer ante este juzgado».

Este empresario, que fue quien consiguió el material sanitario que después Luceño y Medina vendieron al Ayuntamiento de Madrid, descubrió este verano dirigiéndose al juzgado por correo electrónico en el que señaló que el «precio habría sido el mismo» sin ellos porque «no vende a un precio más alto porque haya agentes», y defendió que «sin ellos no habían tenido operación».

El magistrado Carretero ya rechazó enviar una nueva comisión rogatoria a Malasia, cuyo Gobierno exigió «reciprocidad» a España, «incluyendo el respeto a la pena de flagelación para que pueda ser aplicada a los extraditados de España a Malasia por el mismo delito que investigamos y que está penado en ese país asiático».

En esta causa, en la que recientemente el juez ha aceptado personarse la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria, se investiga si los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, pueden haber estafado al Ayuntamiento de la capital en la operación de compraventa de material sanitario al inicio de la pandemia, con la que se habrían embolsado 6,6 millones de dólares