“Esto no puede seguir…” Esta frase del líder de Junts, Carles Puigdemont, dirigida como una advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una más desde que comenzó la legislatura surgida de las elecciones del verano de 2023, y que produce con extraordinario La asiduidad también ha activado una vez más el mecanismo de diálogo entre el partido conservador independentista y el Ejecutivo central. A la espera de una reunión en Suiza, que podría tener lugar en cualquier momento, el Gobierno se resigna a que no esté garantizada la validación de tres decretos leyes este miércoles en el Congreso. Esta dinámica de imprevisibilidad política tampoco puede verse incrementada por conflictos internos: ni en el PSOE, ni con Sumar, el único socio oficial del gobierno de coalición. Pedro Sánchez personalmente pone de su parte para que esto suceda.
La paz interna del PSOE es una realidad de la que alardea su secretario general, en la línea de lo que suele ocurrir en los partidos políticos cuando están en el poder. Sólo los presidentes autonómicos, es decir los gobernantes, pueden alzar la voz y ser todo lo críticos que quieran con su líder, aunque sea presidente del Gobierno de España. Aun así, Sánchez pretende tener las menores aristas posibles y, al menos formalmente, relacionarse con normalidad con todos los líderes territoriales de su partido, les guste o no.
La presencia de Sánchez este fin de semana en tres congresos regionales del PSOE demuestra ese interés por demostrar que es el secretario general de todos; de los militantes y dirigentes de Castilla-La Mancha, con el reelegido Emiliano García-Page, a la cabeza. Como ocurre con el extremeño Miguel Ángel Gallardo, al que da el apoyo de todo el PSOE para que los socialistas vuelvan a ganar las elecciones como ocurrió tantos años con Juan Carlos Rodríguez Ibarra y, después, con Guillermo Fernández-Vara. Los militantes han elegido a Gallardo frente al que se consideraba el candidato de Ferraz y ahora toca cerrar filas por interés mutuo.
Nada que ocultar ni dramatizar con el cariño mostrado el viernes en Avilés entre el reelegido líder de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, y el presidente de España. El primero mostró desganas y dudas sobre el alcance del acuerdo entre el PSOE y Junts sobre la financiación única de Cataluña, que aún está por cerrar, pero la relación entre ambos no se ha deteriorado ni un ápice. Esa cuestión siempre será espinosa. García-Page recordó este domingo en su discurso su oposición a los «privilegios» de una región sobre otra.
Queda por aclarar el congreso de Cantabria, en el que los dos candidatos -el actual secretario general, Pablo Zuloaga, y Pedro Casares- tienen la mejor de las relaciones con Sánchez, aunque se da por hecho que el presidente no había impulsado un cambio. En Aragón, Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, competirá por el liderazgo con Darío Villagrasa, que cuenta con el apoyo de Javier Lambán, y todo su bloque, todavía secretario general y presidente autonómico hasta 2023.
Quienes ostentan a día de hoy las secretarías generales autonómicas y quienes las obtendrán en las próximas semanas saben que ese estatus es la rampa para disputar al PP el poder en las siguientes elecciones autonómicas. El nombramiento de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, como líder del PSOE de Andalucía, sólo tiene ese horizonte. Quienes ya perdieron las elecciones deberían dar un paso atrás y dejar que alguien más lo intente; Señalan interlocutores de la dirección federal, además de que Sánchez se siente más cómodo si sus barones y baronesas están de su lado.
El presidente del Gobierno, además de sus preferencias y las del aparato de Ferraz respecto a los líderes territoriales, ha querido dejar un mensaje, que contiene una petición, en los congresos regionales de este fin de semana: defender la gestión del Gobierno central en virtud de Los resultados socioeconómicos de España.
Ni ruido en el partido ni enfado en el Gobierno con Sumar, ahora por el calendario en torno a la aprobación en el Consejo de Ministros de la jornada de 37,5 horas auspiciada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El asunto no está resuelto entre ella y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, según fuentes de ambos partidos. En Partido Laborista consideran que algo se ha movido a su favor, ya que se ha acercado la fecha de aprobación en el Consejo al incluirlo en la próxima reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, un paso inicial imprescindible. No añadir más problemas en la coalición a los que ya existen, insisten estas fuentes. Este miércoles, el Ejecutivo todavía no tiene certeza sobre qué votará Junts sobre los tres decretos que se están discutiendo en un pleno extraordinario del Congreso. Sí dan por hecho que el grupo de Puigdemont votará en contra del impuesto a las empresas energéticas y será derrotado. No tienen clara su postura sobre la reforma de las jubilaciones activas, que saldrá adelante gracias al voto del PP, que acepta el texto una vez avalado por la CEOE y los sindicatos, ni sobre otro decreto con ayudas al transporte y revalorización de las pensiones. . . El Govern confía en su aprobación pero no lo tiene todo consigo porque no tiene clara la dimensión del “esto no puede seguir así” de Puigdemont.