El PNV no quiere que esto vuelva a ocurrir. Sabe que la fragilidad del apoyo al presidente Sánchez puede precipitar un cambio de ciclo político y antes de que eso ocurra se ha propuesto culminar su gran objetivo: el pleno desarrollo del Estatuto Vasco. Urkullu lo intentó y ahora el lehendakari Pradales lo acelera. El Ejecutivo vasco se ha propuesto arrebatarle a Sánchez las 29 competencias pendientes, entre ellas la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social. Lo hará, además, a través de un diálogo preferente con Pedro Sánchez, con quien Pradales se reunirá, al menos, cada seis meses en una comisión bilateral convertida en foro de negociación entre ambos ejecutivos.
La promesa es vieja. Se hizo por primera vez apenas unos meses después de que Sánchez llegara al poder. Desde entonces, los retrasos se han repetido y la implementación total del prometido Estatuto de Gernika se ha incumplido reiteradamente. Ahora el PNV ha pisado el acelerador. Lo ha hecho para volver a apoyar a Sánchez en su investidura y fijarle un plazo final para que lo cumpla: finales de 2025 y la amenaza de romper el apoyo si no se cumplía.
El año que viene promete ser frenético en el diálogo entre ambos gobiernos. Deberán cerrar no sólo competencias complejas como el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social sino también otras 28 competencias, algunas de ellas materias tan relevantes como la gestión de puertos, aeropuertos o la ordenación y gestión del litoral. La semana que viene se celebrará la primera reunión preparatoria para celebrar el Comisión de Cooperación BilateralEn este ámbito hay que dar un paso decisivo para que antes de que acabe este año Euskadi asuma otras seis competencias: Meteorología, Fondo de Protección Cinematográfica, ordenación y gestión del litoral, Salvamento Marítimo, Centro Nacional de Verificación de Maquinaria y autorización de trabajos para extranjeros. Los borradores ya están bien elaborados y sólo falta activar los últimos detalles del traspaso.
12 mil millones para gestionar
Una vez aprobadas estas competencias, que se sumarían a las 14 ya presentadas por el Gobierno de Sánchez -incluidas algunas tan relevantes como la gestión de prisiones-, se abordaría la fase más compleja, un paquete de hasta 23 materias. En este segundo apartado se incluyen competencias de menor calado como las de albergues turísticos, seguros agrarios, gestión de hidrocarburos, inspección pesquera o servicios de seguridad privada.
La gestión del régimen económico de la Seguridad Social es la mayor dificultad en este camino. El Gobierno y el PNV han insistido estos días en que la obligación de transferirlo es la misma que para el resto de competencias. Recuerdan que está recogido en la disposición adicional quinta del Estatuto Vasco y por tanto su gestión corresponde a Euskadi. Una materia que supondría, según anunció ayer el Ejecutivo vasco, la gestión anual de alrededor de 12.000 millones. El Gobierno central ha vuelto a insistir estos días en la complejidad y dificultad que entraña esta materia para poder transferirla.
La evolución de su reclamación ha sido progresiva a medida que el apoyo a Sánchez se debilitaba. En un primer calendario pactado a finales de 2018 ni siquiera estaba incluida. Después, en una posterior actualización del calendario de transferencias, sí se incluyó, pero como un asunto sobre el que «se iban a iniciar estudios» y que figuraba como el último en abordarse. Finalmente, en el último acuerdo firmado en noviembre del año pasado, el Gobierno de Sánchez la reconoció como una competencia más a transferir.
Garantizar el carácter “unitario” y “solidario”
El Gobierno Vasco recuerda que gestionar la Seguridad Social no supondrá ninguna ruptura. Aseguran que es el propio Estatuto de Gernika el que establece el marco en el que se haría esa transferencia y que protege el carácter “unitario” y “solidario” de la Seguridad Social. Ante las voces que alertan del riesgo que ello supondría, recuerdan que ya se han realizado transferencias de naturaleza similar y no han supuesto ninguna ruptura del modelo. Citan el caso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, transferido a Euskadi o la transferencia que se hizo hace décadas de las prestaciones de jubilación no contributivas y que gestionan las diputaciones forales.
Completar el desarrollo íntegro del Estatuto Vasco sería un hito histórico para el nacionalismo vasco. No en vano, es el más antiguo y el único, junto con el gallego, que no ha sido renovado. Su desarrollo sigue siendo incompleto al quedar pendientes de trasladar a la Administración Vasca 29 materias.
Una vez completado el Estatuto Vasco se abriría una nueva etapa, en la que los partidos vascos ya están inmersos para el año que viene y que pasaría por pactar un nuevo estatuto. Sería en su articulado donde habría que pactar el modelo vasco de seguridad social, la siguiente fase que el PNV quiere abordar una vez conseguida la gestión económica. El partido liderado por Andoni Ortuzar lleva años ideando cómo sería la ‘seguridad social vasca’. En un documento de 2016 planteó una propuesta mixta, con aportaciones públicas y complementadas con planes privados especialmente incentivados fiscalmente para tener pensiones no vinculadas exclusivamente a las cotizaciones laborales. La futura entidad gestora de la seguridad social vasca tendría incluso nombre: Lagunkidetza. Durante la Asamblea General celebrada en Pamplona en febrero de 2016 presentó el modelo de seguridad social que tendría una Euskadi independiente y que sería aplicable también en Navarra.
Seguridad social “propia y diferenciada”
Este año, el partido celebra un proceso de renovación de sus órganos internos y de los comités políticos que deben guiar al partido en los próximos años y en el que estará presente el modelo de seguridad social del País Vasco del futuro. Hasta ahora, el PNV aboga por un modelo con “autonomía presupuestaria” que se basaría en unas pensiones públicas mínimas financiadas con cotizaciones e impuestos pero que deberían ser compensadas, de forma voluntaria, con “sistemas complementarios”. Es ahí donde la seguridad social vasca “propia y diferenciada” aprovecharía la herramienta que solo permite el propio sistema fiscal del País Vasco y Navarra: las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).
Estos planes de pensiones vascos son muy populares en Euskadi. Las diputaciones forales les aplican exenciones fiscales y el PNV quiere que en el futuro se explore aún más esta vía para sostener las pensiones en una Euskadi envejecida, con cada vez menos cotizantes y con las pensiones más altas del Estado. Estos planes controlados por el fisco vasco suman en la actualidad algo más de 25.000 millones de euros.
