Un mes después del paso del Dana por la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, el balance no tiene saldo positivo. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, lejos de dimitir por su incomparecencia el día de la tragedia, sigue aferrándose a la tesis de que el fatídico 29 de octubre carecía de información para adoptar medidas preventivas, aunque otros, con Los mismos datos Sí, los adoptaron. Además sigue sin someterse a las preguntas de los medios de comunicación para que, a través de ellos, la sociedad reciba al menos algunas respuestas a las preguntas que muchos valencianos se plantean. Pese a este comportamiento inusual por parte de un líder democrático, llegará el momento de que comparezca ante las comisiones de investigación en las Cortes Valencianas, en el Congreso y el Senado y con toda probabilidad ante la justicia ordinaria. Tampoco escapará al juicio de su propio partido, el PP, del que ya ha recibido varias advertencias y frío apoyo. Mazón tendrá que afrontar todas estas pruebas, pero ahora, si pretende seguir al frente de la Generalitat, no puede centrar sus esfuerzos en forjar el escudo que le proteja de esos escrutinios.
Un mes después, son innumerables las calles, garajes y locales donde todavía hay barro y campos donde se amontonan coches inservibles; Demasiados niños (más de 10.000) aún no han podido volver a clase y el riesgo para la salud causado por el bloqueo de la red de alcantarillado es extremadamente alto. Hay plantas de tratamiento que reparar y carreteras que reabrir. Y, por supuesto, no podemos cejar en el esfuerzo por localizar a las cuatro personas que aún siguen desaparecidas.
Las consecuencias de la dana han permeado la batalla política, pero todavía es el momento para que los afectados, para que los miles de víctimas se den cuenta, un mes después de que sus vidas fueran violentamente interrumpidas, que la gota fría no devastó también a las administraciones y que tienen suficiente músculo para afrontar la reconstrucción. El Gobierno valenciano ha renovado parte de su Consell a tal efecto. Le corresponde demostrar que la controvertida eliminación del tope salarial para los nuevos consejeros vale su doble objetivo: coordinar eficazmente, reparar y prevenir. Es, por su parte, obligación del Gobierno de España mantener viva la colaboración con la Administración autonómica a través de los cinco grupos de trabajo en los que cooperan ministros y consejeros, y seguir aportando tanto personal y recursos como sea necesario. Ambos ejecutivos deben acercarse a los ayuntamientos, que son quienes tienen de primera mano toda la información sobre lo urgente e importante. No se puede diseñar un plan realista sin su participación preeminente. Las administraciones no pueden permitir que el escenario de calles embarradas se normalice. El desafío de restaurar el tejido social y productivo requiere diligencia y voluntad.
Los 222 muertos merecen un gran respeto y no empañar su memoria con un debate partidista. También está en juego que el aumento de la desafección alentado por los ultrapopulistas quebrante la confianza en el sistema público, el único que, a pesar de sus fallos, puede garantizar protección y reparación. Los ciudadanos gritan: “¡No nos olviden!” Por eso las ayudas deben ser rápidas, aunque sin restar transparencia y control en el uso de las arcas públicas. Tampoco deberían convertirse en un arma política ni sembrar irresponsablemente confusión en medio del dolor. De ahí que sea intolerable que, como hizo Mazón, se intente confundir a la población afirmando que se trata sólo de créditos cuando más de la mitad de las ayudas del Estado son a fondo perdido. Hay que exigir seriedad, porque se trata de que decenas de pueblos puedan volver a una normalidad en la que, de todas formas, siempre habrá más de 200 personas desaparecidas.
