La precariedad habitacional vuelve a dejar historias humanas difíciles de ignorar. Un jubilado en situación de vulnerabilidad económica, María Roettgerha sido condenado por un tribunal de la Junta de Arrendamientos Residenciales de Irlanda pagar más de 6.000 euros de alquiler atrasado. El fallo se produce luego de un proceso de asistencia habitacional (HAP) que tomó 15 meses y dejó a ambas partes de la disputa atrapadas en un limbo administrativo.
Durante ese tiempo, Roettger se vio obligado a vender sus pertenencias personales para cubrir los pagos iniciales del alquiler.incluso llegando Pasar días sin poder permitirse una alimentación adecuada.. El dueño de la propiedad, Úrsula Sheehanseñalaron que el retraso en los pagos del HAP afectó gravemente su situación financiera, ya que Tu hipoteca fue vendida a un fondo buitre quien ahora busca recuperar la vivienda en venta.
Una espera interminable: el caos del sistema de asistencia
El caso Roettger pone de relieve los defectos estructurales del sistema HAP, que en este caso Llevó más de un año procesar los pagos necesarios. Si bien el alquiler se encuentra al día desde que comenzó a operar el programa, los atrasos acumulados, que ascienden a 6.369,50 eurosdejó a ambas partes en una situación extrema.
Roettger explicó ante el tribunal que no esperaba que el proceso durara tanto y denunció problemas con el procesamientocomo formularios enviados a direcciones incorrectas y requisitos de traducción de documentos relacionados con su pensión alemana. A pesar de sus esfuerzos, incluido el pago en efectivo por el dinero que logró recaudar, no pudo mantener registros detallados de las transacciones, lo que complicó aún más su defensa ante el tribunal.
Una solución insuficiente
La sentencia judicial ordena a Roettger pagar la deuda en 12 cuotas mensualesuna decisión que, si bien busca equilibrar las necesidades de ambas partes, continúa exponiendo un sistema incapaz de proteger a los más vulnerables. Por su parte, Sheehan expresó su frustración y afirmó que el proceso HAP es «roto» y lamentando las consecuencias financieras a las que se ha enfrentado, especialmente tras la venta de su hipoteca a un fondo buitre.
El tribunal reconoció la falta de claridad en las pruebas aportadas por ambas partes, calificándolas de «deficiente». Sin embargo, esta admisión no cambió el resultado para Roettger, quien debe asumir la responsabilidad financiera por un retraso administrativo que no fue de su creación.
El caso de Roettger no es el único que refleja las deficiencias del sistema de vivienda en Irlanda. En un fallo paralelo, el tribunal ordenó a un propietario de vivienda, Jennifer Mulryanpagar 4.500€ en concepto de daños y perjuicios a un inquilino que sufrió durante meses las consecuencias de una fuga importante en el techo de su apartamento en Claregalway
El inquilino, Emer Collinsdescribieron cómo el agua de lluvia se filtraba a través de lámparas y enchufes eléctricos, poniendo en riesgo su seguridad. Aunque Mulryan ofreció alojamiento alternativo, el tribunal lo consideró inadecuado y subrayó que La propietaria no podía eximirse de su responsabilidad alegando que el tejado pertenecía a una sociedad gestora.
Un panorama desolador
Ambos casos reflejan las grietas de un sistema que, lejos de garantizar el derecho a una vivienda digna, agrava las dificultades económicas y emocionales de quienes dependen de él.
Mientras propietarios e inquilinos se enfrentan en los tribunales, el retraso en los procesos administrativos y la falta de soluciones habitacionales adecuadas Perpetúan la vulnerabilidad de los más afectados por la crisis inmobiliaria.
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