Editorial
El gran peligro no reside en el contenido del acuerdo, sino en la falta de credibilidad de Pedro Sánchez, y esa es la responsabilidad que Alberto Núñez Feijóo ha decidido cargar sobre sus hombros.
El Partido Popular y el PSOE han llegado, tras cinco años de bloqueo, a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El pacto, avalado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y por el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, pone fin a una circunstancia anómala y satisface el doble imperativo de que Europa ha llegado a formular en sucesivos informes sobre el Estado de derecho: había que renovar la composición del órgano de gobierno de los jueces y, en paralelo, España debía arbitrar un nuevo mecanismo de elección de miembros que garantizara su independencia efectiva del poder político. . El acuerdo firmado es razonable y en una circunstancia política ordinaria podría incluso considerarse óptimo. Sin embargo, desde que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno y, sobre todo, en el último año y medio, son demasiados los acontecimientos que impiden interpretar la política española desde la normalidad.
Nunca, en más de cuatro décadas de democracia, hemos vivido una crisis institucional como la de los últimos años. No sólo el crédito del presidente queda nulo, sino que confiar en la palabra de Pedro Sánchez puede acabar convirtiéndose en una irresponsabilidad; Basta repasar su historial de promesas incumplidas y de los bruscos cambios de opinión que ha protagonizado descaradamente el líder socialista. La forma en que el PSOE entiende las instituciones y el daño deliberado a la separación de poderes ejercido en los últimos años muestran un excesivo afán por controlar los mecanismos y palancas de la Justicia. Desde la Fiscalía General del Estado hasta la renaturalización del Tribunal Constitucional, recientemente convertido en un tribunal de casación destinado a amnistía los delitos de corrupción de los condenados por el escándalo de los ERE, pasando por la amnistía al ‘procés’, Pedro Sánchez ha diseñado un Plan de intervención judicial en el que, cuando se ha considerado oportuno, no han faltado acusaciones personales o acusaciones genéricas de ‘lawfare’.
Los términos del acuerdo parecen sensatos y, de cumplirse, servirían para despolitizar la Justicia y, de alguna manera, cumplir con la voluntad original del constituyente. Algunas de las medidas de regeneración no son del todo nuevas y de hecho han fracasado en el pasado o han caído en el olvido, pero exigen una mayoría de tres quintos para los nombramientos, impiden que una ministra como Dolores Delgado sea fiscal general o hagan un reparto equitativo entre los vocales. no sólo son condiciones aceptables, sino también democráticamente deseables. El gran peligro no reside en su contenido, sino en la poca credibilidad del jefe del Ejecutivo, y ese es el riesgo que Alberto Núñez Feijóo ha decidido personalmente asumir sobre sus hombros.
Todo liderazgo político se basa en la valentía, pero la línea que separa la audacia de la imprudencia es a veces demasiado fina. Los antecedentes del presidente del Gobierno son los que son y las recientes actuaciones de Conde-Pumpido o García Ortiz muestran la manera en la que Sánchez instrumentaliza sin sonrojarse a las máximas magistraturas del Estado. Cada vez que ha habido dudas sobre si sería capaz de cruzar una nueva línea roja, los límites se han visto superados por la incredulidad de una masa cada vez menor de españoles que ingenuamente siguen confiando en Sánchez. Aunque cada vez son menos. Con una trayectoria similar, a nadie le sorprenderá que el secretario general del PSOE convierta este acuerdo en la enésima estratagema con la que salvaguardar sus intereses políticos y personales. Si va bien y España retoma la senda de la normalidad institucional, el pacto será un éxito y se convertirá en un hito relevante en la reconstrucción de la confianza entre los dos grandes partidos. Y de paso pondrá fin a un compromiso muy poco estético en el que durante años ambos partidos compartieron cuotas de poder en el CGPJ, convirtiendo el procedimiento parlamentario obligatorio en una ceremonia menor, sin capacidad real electiva ni deliberativa.
Sin embargo, en el caso de que Sánchez vuelva a engañar, y por pura inducción se puede inferir que hay una enorme probabilidad de que así sea, Núñez Feijóo también tendrá que soportar en primera persona el coste de esta decisión. El éxito de esta arriesgada operación depende tanto del contenido del pacto como de su cumplimiento efectivo. Hay que esperar para decidir si Sánchez vuelve a jugar contra Sánchez o si, finalmente, podemos llegar a un acuerdo razonable.
Reportar un error