La casa de Diana Oliva y Sergio Morales tiene unas vistas de postal, la preciosa foto de Chiva (Valencia). Cuando llega el verano, cenan al aire libre en la azotea, donde pueden ver la cúpula de azulejos de cerámica azul de la Iglesia de San Juan Bautista del siglo XVIII. Delante de la puerta pasa el barranco que divide el municipio en dos y está seco la mayor parte del año. Las veces que carga agua todos vienen a verlo y a tomarse fotos. Es una alegría.
La casa era vieja, tenía “baños”. Dime”, y sabían, como todos en Chiva, que hace más de 40 años hubo una gran inundación que desbordó el barranco. Pero ni ellos ni otros vecinos que habitan en torno a este cauce de piedras y vegetación vivieron con miedo hasta que el martes 29 de octubre por la tarde esa rambla tan integrada en la calle de Chiva fue azotada por un devastador torrente.
Como cientos de miles de personas en toda España, viven en llanuras aluviales. Gracias a los últimos avances en cartografía, lo sabemos con tal precisión que existen páginas web públicas, para territorios como la Comunidad Valenciana y también para toda España, donde se puede introducir una dirección y comprobar el peligro con niveles del uno al seis. . La imagen es muy ilustrativa. Un “punto de inundación” (así lo llaman los expertos) en el mapa de las ciudades habitadas. Sin embargo, este conocimiento tan preciso (e inquietante) no ha ido acompañado de medidas para mitigar el riesgo.
La peligrosidad de la casa de Sergio y Diana, en la calle Buñol de Chiva, es máxima, de nivel uno, según la página del Plan de Acción Territorial en Prevención del Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana (Patricova). Esto significa que es probable que se produzca otra inundación en algún momento de los próximos 25 años, elevando el nivel del agua por encima de los 80 centímetros.
El joven matrimonio compró hace tres años esta vivienda de 1890 por 120.000 euros. Los precios del suelo en las zonas más nuevas de Chiva (un municipio de 16.750 habitantes situado a 32 kilómetros al oeste de la ciudad de Valencia) habían subido demasiado. Tener una casa de tres pisos para ellos y su hija Dafne, de cuatro años, era “un lujo”. El día del desastre, esta pareja salió de la casa a las 6:00 pm, cuando el agua ya cubría el primero de los tres pisos. El tío de Sergio, el exalcalde Emilio Morales, llegó rápidamente en su 4×4 para rescatarlos. Salieron por una puerta que da a una calle lateral, a mayor altura. Otros vecinos huyeron por los tejados.
El domingo 3 de noviembre, cinco días después de la inundación, parte de un edificio del siglo XIX, sede de una asociación local, se derrumbó al otro lado del barranco. Al día siguiente, las autoridades ordenaron el desalojo del resto de las propiedades de esa calle y la de enfrente, la de Sergio y Diana. Temían que el agua hubiera dañado los cimientos. Otras casas fueron acordonadas por la policía local. En la parte más baja del pueblo, el barrio de Bechinos, las calles estrechas quedaron cubiertas de escombros. Fue la zona más castigada. En total, 130 viviendas en toda Chiva habían sido evacuadas el viernes por riesgo de desprendimientos de tierra. Más de 3.300 edificios han resultado dañados en el cinturón sur del área metropolitana de Valencia, según una estimación realizada a partir de imágenes de satélite del programa europeo Copernicus.
El pasado martes 5 de noviembre, Sergio y Diana regresaron a la casa con algunos accesorios que instalaron con la ayuda de otro familiar y un amigo. ¿Volverán a vivir en esta casa? Él resopla. «Tal como lo sabemos, no lo creo». Un arquitecto municipal ha recomendado que pasen aquí el menor tiempo posible. En la zona cero de la catástrofe hay historias similares de vecinos desalojados que no saben si podrán regresar a sus hogares.
Desde el origen de las primeras ciudades, la humanidad se ha asentado cerca de vías fluviales para aprovecharlas para la agricultura y el consumo personal. Normalmente, los centros históricos se construían en lugares elevados, pero fuera de esos terrenos se construían arrabales para la población más humilde. Más recientemente, se ha acelerado la expansión urbana en zonas vulnerables. El ritmo de construcción durante las dos burbujas urbanas del último medio siglo (1976-1985 y 1998-2007) fue el mismo en zonas inundables y no inundables de Murcia y Alicante, según un estudio de 2015 liderado por el Geógrafo de la Universidad de Murcia Alfredo Pérez-Morales.
Aunque hoy nos pueda parecer sorprendente, las leyes no contemplaban el riesgo de inundaciones u otros peligros para considerar una zona como no urbanizable hasta la Ley del Suelo de 1998, explica Pérez-Morales. Esta regulación estatal, que llegó tras las catástrofes de Biescas, en 1996, y Badajoz, en 1997, tampoco introdujo una prohibición inmediata. Se instó a los gobiernos locales, titulares de las competencias urbanísticas, a realizar mapeos con zonificación de riesgo, pero hubo un “momento confuso” respecto a la responsabilidad de crear estos mapas, explica este experto. “No estaba claro si este mapeo lo debía hacer Protección Civil o las confederaciones hidrográficas”, añade Pérez-Morales.
Así, este crecimiento, impulsado por un voraz afán de lucro, no fue impedido por los municipios, responsables de la planificación urbana, ni por las comunidades autónomas, encargadas de la planificación territorial. Pérez-Morales dice que ahora es fácil acusar a esos políticos, pero resta importancia a su culpa. “No es que los concejales sean los principales responsables, como se dice ahora. Al carecer de una herramienta oficial, les resultó difícil poner freno a estos intereses. Había una incertidumbre que facilitaba esta ocupación y que no se redujo hasta que mejoró el conocimiento cartográfico”, afirma.
Finalmente, esas herramientas han surgido en este siglo. El primero en España, en enero de 2003, fue un plan de ordenación territorial, el Plan de Acción Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana (Patricova). Se trata de un instrumento preventivo que debe regular la localización de nuevos usos en el territorio a partir de mapas de peligrosidad y normas urbanísticas supramunicipales y vinculantes en zonas afectadas por peligros de inundación. En 2013, estos mapas se reforzaron con las primeras cartografías del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas de Inundación, fruto de una Directiva Europea de 2007 que fue una respuesta a la creciente incidencia de las inundaciones. Con estos datos se definieron más las responsabilidades, explica Pérez-Morales. Se prohibió ampliar edificaciones a zonas con riesgo de inundación, pero se respetó lo ya construido en núcleos urbanos consolidados, aunque estuvieran en peligro.
Estas nuevas herramientas han permitido calcular cuánta población en España vive en zonas de riesgo. Las cifras son variables dependiendo del nivel de peligro considerado. En la cuenca valenciana del Júcar hay 84.430 habitantes en zona de riesgo de inundación en cuestión de 10 años, 258.796 en la zona de 100 años y 495.721 en la zona de 500 años, según datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente de el Ministerio de Transición Ecológica.
El problema, explican los expertos, es que mitigar estos riesgos conlleva en muchos casos un coste económico elevado, con inversiones que no están contempladas por políticos con intereses cortoplacistas. Se trata de medidas como canalizaciones, presas, restauración de humedales, planes municipales contra inundaciones o jornadas de educación cívica.
Estos cálculos, además, no implican que los vecinos afectados por los daños de Valencia puedan mantener la calma durante una buena temporada, advierte Luis Mediero, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica. La probabilidad de que un evento extremo se repita durante el período contemplado es completamente aleatoria. “Esta semana se lo dije a mis alumnos cuando les expliqué lo sucedido. Si tiro un dado y obtengo un seis, ¿puedes garantizar que si tiras de nuevo no obtendrás un seis?
A esto se suma el factor del cambio climático, por lo que se espera que los daños sean más frecuentes e intensos a partir de ahora. Esto ha llevado a los científicos a pedir a los políticos que los tomen en serio de una vez por todas. Hace una semana la asociación Fundicot, que reúne a académicos especializados en ordenación del territorio, publicó un comunicado en el que reclamaban una mejor relación entre ciencia y política. “Es evidente que es necesario. Es algo que parece aceptado en estos momentos de catástrofe, pero debemos procurar que no se olvide pronto, como suele ocurrir, ya que la situación de choque desaparece.»
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