Vivienda abre a consulta pública la orden que regulará los alquileres de temporada y los alojamientos de corta estancia | Economía
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado el trámite de consulta pública del Real Decreto que regulará los alquileres de temporada y los alojamientos de corta duración. Este decreto, que estará abierto a observaciones hasta el 8 de octubre de 2024, creará la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, con el objetivo de registrar y hacer un seguimiento de esta modalidad de alquiler y exigir a los usuarios que justifiquen el motivo de su utilización. Todo aquel que desee alquilar su vivienda por periodos inferiores a un año deberá registrarse y obtener un número de identificación para poder anunciar su inmueble en plataformas digitales.
La ministra Isabel Rodríguez ha destacado este martes que la nueva normativa “dará garantías a los consumidores” y permitirá “combatir la ilegalidad, el fraude y el abuso de derecho”. Asimismo, ha explicado en una nota difundida por su departamento que se garantizará que los contratos de temporada solo se justifiquen en situaciones legítimas, como traslados de trabajo, estudios o motivos de salud. La idea es dar una salvaguarda a “quienes realmente lo necesitan”.
El proyecto nace como respuesta al creciente uso del alquiler temporal para eludir la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula los alquileres convencionales. Además, responde a la necesidad de adaptarse al Reglamento Europeo 2024/1028, que busca controlar el impacto de la subida de los alquileres de corta duración sobre la oferta residencial y los precios del mercado inmobiliario.
“Si bien los servicios de alojamiento en alquiler a corto plazo crean muchas oportunidades para los huéspedes, los anfitriones y todo el ecosistema turístico, su rápido crecimiento ha suscitado preocupaciones y planteado desafíos, en particular para las comunidades locales y las autoridades públicas, como su contribución a la disminución del número de viviendas destinadas al alquiler residencial y al aumento de los precios”, se lee en el comunicado enviado por el Ministerio.
Actualmente, la LAU establece que los contratos de temporada deben estar justificados por un motivo concreto, como un traslado laboral, motivos de estudios o de salud, entre otros. Sin embargo, en la práctica y dada la limitada capacidad de control por parte de las Administraciones, muchos arrendadores han utilizado esta figura para eludir las obligaciones y restricciones de los contratos de alquiler de vivienda, que en general ofrecen una mayor protección a los inquilinos. Con la nueva normativa, el Gobierno busca cerrar esta vía de fraude. Según Rodríguez, “se trata de clarificar la figura de estos arrendamientos (en referencia a los contratos de temporada) para que no puedan ampararse en estos contratos”.
El registro de pisos turísticos, que se prepara conforme a la normativa europea, deberá realizarse siempre que los inmuebles se anuncien en una plataforma digital y se ofrezcan por periodos inferiores a un año. El Gobierno pretende que la plataforma digital esté operativa antes de finales de 2025, aunque Bruselas da como plazo mayo de 2026.