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Vivienda en Mallorca: el Parlamento aprueba restricciones de edificación

El parlamento balear dio el visto bueno este martes a un decreto ley de gobierno sobre urbanismo que pretende «contener» el crecimiento urbano en las islas El ministro de Medio Ambiente, Miquel Mir, dijo que la ley era necesaria porque las islas son «un territorio frágil, vulnerable y con un alto índice de presión humana que compromete sus recursos naturales».

Según el decreto ley, debe haber un desclasificación de la tierra disponible para urbanizar en suelo denominado rústico. Durante mucho tiempo ha existido una distinción entre la tierra rústica que se puede desarrollar y la que no. Es de las primeras que el decreto ley se ocupa y prohíbe la edificación excepto de cierto tipo y bajo ciertas condiciones. Se permitirá la edificación con fines agrícolas así como la edificación de vivienda social.

Los municipios no podrán dar permiso para la construcción de viviendas en este suelo desclasificado si tienen el 15% de suelo urbano urbanizable existente disponibles -la mayoría de los municipios disponen de esta cantidad de suelo- mientras que el decreto hace hincapié en las «actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación» respecto a la urbanización existente.

La visión de los partidos de la oposición la resumió Sebastià Sagreras, del Partido Popular, quien dijo que el Gobierno tiene la «mala costumbre» de legislar urbanísticamente por decreto y sin tener en cuenta la voluntad de los ayuntamientos. El urbanismo, ha insistido, debe hacerse «a través del consenso y el diálogo». “El decreto va en contra de la autonomía de los municipiosAdemás, «agravará» el problema de la vivienda.

La asociación de promotores inmobiliarios Proinba y otros grupos empresariales han sido muy críticos con un decreto que creen que solo conducirá a una mayor aumento en los precios de la vivienda porque se está limitando el suelo urbanizable.

Marc Pérez-Ribas, de Ciudadanos, subrayó que el decreto «no resolverá los problemas más acuciantes», al tiempo que defendió que «los profesionales de la construcción del siglo XXI tienen en cuenta la sostenibilidad y aportan soluciones». Tras ocho años de gobierno de Armengol, opinó que la sociedad balear ha reconocido ahora el «fracaso de las políticas de vivienda que son medidas intervencionistas, populistas que culpabilizan a los extranjeros».

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